Movimiento Campesino Indígena denuncia persecución y criminalización

08.06.11 - Argentina

Camila  Quiroz

Periodista de ADITAL

Adital

Dos líderes campesinos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Argentina fueron detenidos en la provincia de Santiago del Estero, en los últimos dos días. Simultáneamente, se expidió la orden de detención contra otros 12 dirigentes. En una nota publicada hoy (8), el movimiento denuncia la persecución política que vienen sufriendo, la cual se considera parte de un proceso de criminalización.

El día 6, ocurrió la primera detención, de Alcides Santillán, puesto en libertad a la tarde. Poco después, a la noche, Rafael Martín Galván fue detenido bajo la acusación de amenazas a Hortensia Policarpio de Valderrama. Ayer (7), el movimiento presentó una solicitud de libertad para los compañeros, pero no obtuvo respuesta del juez que expidió la orden de detención, Tarchini Saavedra.

Para completar la ofensiva, el 4º juzgado criminal de la capital de la provincia (también denominada Santiago del Estero) expidió, el día seis, una orden de detención contra los militantes Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo, Gustavo Carrizo y otros cinco. Son acusados de asociación ilícita, daños, usurpación y portación de armas de guerra.

En el comunicado, el MNCI afirma que la policía y la justicia de Santiago del Estero están utilizando "procedimientos fuera de la ley y maniobras que recordamos desde los tiempos de la dictadura y del juarismo” para intimidar a los campesinos.

"Estos compañeros y compañeras, entre muchos miles, son luchadores por la igualdad, la justicia, por el derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria, comprometidos con las campesinas y campesinos y los sectores populares y eternos defensores de los derechos humanos”, aclaran.

En entrevista con la radio Mundo Real, una de las militantes acusadas, Deolinda Carrizo, resaltó que la persecución está motivada por productores de soja, que quieren ocupar cada vez más tierras, desalojando a familias campesinas. Las órdenes se basan en una denuncia de la Sociedad Julián Hnos., empresa que se reconoce como propietaria del campo La Flor, en disputa territorial con familias campesinas de la región.

Ella contó también que el juez Tarchini Saavedra ya emitió resoluciones semejantes contra los militantes, una de ellas la semana pasada.

Deolinda subrayó que el MNCI, que congrega a 50 organizaciones, se constituyó hace 20 años y ya es reconocido nacional e internacionalmente, siendo éste uno de los motivos de la persecución. Para ella, no es casualidad el hecho de que los acusados sean algunos de los más importantes dirigentes del Movimiento.

El MNIC estima que, en los últimos diez años, por lo menos 200 mil familias fueron expulsadas del campo como consecuencia de las actividades del agro-negocio.

Solidaridad

La coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc) y Vía Campesina manifestaron su solidaridad con el Movimiento Nacional Campesino Indígena. En un pronunciamiento, exigen el fin de la criminalización de los campesinos argentinos, así como la penalización de los acusadores, "que construyen falsas pruebas y acusaciones infundadas hacia las y los compañeros del MNCI”.

Frente a la creciente criminalización de los movimientos en América Latina, refuerzan que los pueblos tienen derecho a resistir, luchar por la tierra, por el acceso al agua y soberanía alimentaria, "derechos que fueron condicionados por los intereses del capital transnacional relacionado con el agro-negocio”. Piden también que el pronunciamiento de solidaridad sea divulgado al máximo, como forma de desenmascarar a las clases dominantes e insertar la lucha contra la criminalización en la agenda y los debate públicos.

Con informaciones de Púlsar, Kaosenlared y radio Mundo Real